Los envasadores, a través de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), deberían estar pagando el total de los costes de la gestión de los residuos de sus envases. Sin embargo, los ayuntamientos asumen actualmente el coste de el 70% de estos, ya que sólo se recoge selectivamente el 30%. El sistema es intencionadamente ineficaz y hace que recaiga en las arcas públicas un coste que por ley deben asumir los envasadores. Además, no se cumple con los objetivos europeos y la gran mayoría de residuos van a parar a vertederos o incineración, poniéndose así en en riesgo los fondos estructurales comunitarios.

En la coyuntura económica actual, la situación es dramática. Los ciudadanos no deben asumir centenares de millones de euros que corresponden a la industria y, además, lidiar con la gestión de un sistema en el que miles de millones de envases inundan plazas, calles, bosques o playas

Pero, ¿es esta situación inamovible? En la actualidad, Ecoembes y Ecovidrio gozan de una posición de fuerza que les permite marcar condiciones a los municipios; y los gestores de estos SIG, o Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor como los ha denominado la LRSC, pretenden bajar un 10% la compensación a los municipios en el nuevo convenio.

Esto puede cambiar ahora con la negociación de los nuevos convenios con los envasadores.