La redacción de la nueva Ley de Residuos se encuentra ahora mismo en fase de elaboración del Proyecto para su presentación en las Cortes Generales en las próximas semanas. Por tal motivo, la Alianza Residuo Cero -de la que forma parte Retorna - junto al Buró Europeo de Medioambiente y Zero Waste Europe, han realizado las jornadas ‘Reflexiones sobre la nueva Ley de Residuos en España. Una oportunidad única frente a la Emergencia Climática’. Su objetivo, en palabras de las organizaciones convocantes: “visibilizar la alarmante situación de la gestión de residuos en el Estado español y apuntar medidas que deben tomarse de manera contundente y urgente”.
 
La sesión de ayer giró en torno a los tratamientos finalistas de los residuos municipales -tratamientos de vertido e incineración- que son los que tienen un peor comportamiento ambiental, con fuerte impacto sobre los ecosistemas, la salud de las personas y la situación de emergencia climática. La gestión de esos residuos municipales es responsable del 4,6 % de la emisión total de gases de efecto invernadero en el Estado español, y alcanzó en 2019 los casi 15 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año.
 
Tal y como se mostró en la jornada de debate, la mayor parte de los residuos municipales se recogen mezclados y se tratan en las plantas de tratamiento mecánico-biológico, en donde se estabiliza de forma deficiente la materia orgánica, que en su mayor parte acaba en los vertederos. Tan solo se recupera el 3,5 % del total de los residuos generados y la mayor parte del reciclado proviene de las recogidas selectivas; es decir, lo que no es separado en los hogares tiene una alta probabilidad
de acabar en un vertedero.
                                                            
Francisco Peula, de Rethinking.org, detalló el caso concreto de las plantas de tratamiento biológico mecánico de Granada: “Con el modelo actual y con el contenedor amarillo no se van a poder cumplir los objetivos de recuperación de botellas de plástico en 2027 y 2029. A día de hoy, en la planta de TMB de Granada, más del 85 % de los envases que recuperamos todavía vienen del contenedor gris”.
 
También en la primera mesa se expusieron los problemas de los vertederos de residuos industriales peligrosos. Juan Romero, de Ecologistas en Acción, explicó el caso de Nerva (Huelva): “El vertedero se encuentra a 800 metros del casco urbano, el vecindario lleva años sufriendo las consecuencias de la existencia de las instalaciones al lado de sus casas, viendo colmatarse el depósito de seguridad del vertedero. Entre otras cosas, los olores son insoportables”.
 
En la segunda mesa de la jornada de reflexión se abordó la incineración de residuos como parte de los sistemas de tratamiento finalistas. Silvina Frucella, de la plataforma catalana Aire net, explicó los orígenes de la plataforma vecinal contra las incineración de residuos:  “En 2017 los valores de inmisión de dioxinas en el entorno de la incineradora fueron muy altos y al mismo tiempo, empezó a haber evidencia de que el vecindario cercano a la incineradora de Sant Adrià de Besòs tenía tres veces más de probabilidad de padecer cáncer que el resto de Barcelona”.
 
Por su parte Mariví Martín, de la Plataforma Andaluza contra la incineración (PACIRAL) relató la lucha incansable que durante años ha juntado a vecinas y vecinos: “Acciones de calle, recogidas de firmas, incidencia política, contenciosos administrativos y sensibilización en colegios e institutos, entre otros, que han impedido hasta ahora que Cementos Portland Valderrivas coincinere centenares de miles de toneladas de residuos en la cementera de Alcalá de Guadaíra”.
  
El problema de los residuos en datos
 
En enero de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó los datos oficiales de la gestión de los residuos municipales en 2018. Una publicación que, según las entidades organizadoras, debería haberse hecho en 2020. Esta es la información obtenida sobre los 22,26 millones de toneladas de residuos generadas:
 
- Se enviaron a vertedero el 53,4 %, es decir, 3,5 millones de t sin recibir ningún tratamiento previo, lo cual constituye una práctica ilegal (la Comisión Europea está tramitando una denuncia de oficio por incumplimiento de la Directiva 1999/31/CEE). Esta cifra contrasta con la media europea -que se sitúa en el 25 %- y con las obligaciones a futuro, ya que en 2035 no podrá superar el 10 %.
- Se recicló el 18 %, en su mayor parte de residuos provenientes de las recogidas selectivas.
- Se estabilizó el 17 % de la materia orgánica, que en su mayor parte acabó en los vertederos.
- Se incineró el 11,6 % en las once incineradoras existentes y en decenas de fábricas de cemento.
- Tan solo se elaboraron 0,5 millones de toneladas de verdadero compost utilizable como fertilizante en la agricultura, un 2,3 % del total, cuando la fracción orgánica es el componente principal (40%) de las basuras que generamos.
 
Es decir, que en el mejor de los casos se preparó para la reutilización y el reciclaje el 35 % del total de residuos generados, muy lejos del 50 % exigido para el 2020 por la Directiva Marco de los residuos.
 
A la luz de estos datos, las organizaciones convocantes recordaron la necesidad de tomar medidas contundentes de manera inmediata. Ya en la primera sesión de las jornadas de debate, realizadas en noviembre de 2020, una veintena de ponentes destacaron la necesidad de tomar medidas, tales como: en primer lugar, la prevención de residuos, la reducción en cantidad y toxicidad de los productos de consumo, la implantación transversal de la reutilización para botellas de vidrio y plástico, textil y otros, la puesta en marcha de un Sistema de Depósito con cuotas para envases reutilizable, la recogida selectiva de la fracción orgánica de forma eficiente o el cese de la incineración.
 
En la sesión de ayer, además, se hizo hincapié en la importancia de tener información y transparencia en todas las actividades involucradas, así como en fomentar la participación ciudadana para una buena separación y gestión de los residuos. Además, se destacaron dos elementos, la concienciación ciudadana y el compromiso político.
 
Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es preocupante el estancamiento, pues los datos de 2019 son similares a los de 2018 y no se observan avances en la mejora en la gestión, sino todo lo contrario. Y dado que no se observan cambios legislativos ni prácticas disruptivas en ese sector es más que probable que el Estado español haya incumplido ese objetivo en 2020, cuestión que nos ha llevado a denunciar a 16 entidades ambientalistas al Reino de España ante la Comisión Europea recientemente. Además, por desgracia no se vislumbran procesos de mejora, pues esos resultados de 2018 fueron peores que los del 2017”.