Al tratarse de un texto que transpone diversas directivas europeas, España, como es preceptivo, envió a Bruselas la propuesta del nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases para su revisión. Y la Comisión Europea ha reaccionado con un dictamen que, más allá de prevenir obstáculos técnicos al comercio, propone eliminar los puntos más ambiciosos del proyecto. La respuesta del Comisario Thierry Breton ha decepcionado a las organizaciones ecologistas, ya que se reprocha al Ministerio un exceso de ambición en la lucha contra los plásticos de un solo uso, motivo que precisamente originó parte de las directivas transpuestas, y se fundamenta en argumentos poco sólidos y a veces obsoletos. 

La opinión de la Comisión sobre el texto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico parece claramente marcada por la gran influencia del lobby industrial del plástico, que ha coordinado, a través de diferentes asociaciones y patronales, decenas de respuestas para socavar el proyecto español.

Los principales cambios en el Real Decreto de Envases demandados por Bruselas son:

– Anular la prohibición de sustancias tóxicas en los envases (Ftalatos y Bisfenol A) que promueve el proyecto de Real Decreto porque no se corresponde con lo que establece la Directiva de Envases comunitaria que data de 1994 y que precisamente está en proceso de revisión tras casi 30 años de vigencia. Al mismo tiempo, ya existen otros textos comunitarios que restringen el uso de estas sustancias peligrosas.

– Eliminar los objetivos de reducción de residuos de envases (13% en 2025 y 15% en 2030) y de botellas de plástico de un solo uso (20% en 2030). Aquí, la CE pasa por alto que el artículo cuatro de la Directiva de Envases insta a los Estados Miembros a aplicar medidas adicionales para prevenir la generación de residuos de envases y el cinco permite que establezcan objetivos de reutilización.
 
– Tumbar la prohibición sobre el envasado de frutas y verduras frescas y su obligación de venderlas a granel en lotes de menos de 1,5 kg, a pesar de que Francia y otros países ya cuentan con la misma medida desde hace varios años.

– No obligar a las empresas a pagar los costes de las recogidas de basura abandonada en el entorno, como quiere hacer el Ministerio. El dictamen dice que esta medida va más allá de lo que se deriva de la Responsabilidad Ampliada del Productor en el artículo 8 de la Directiva de Residuos de 2008, pero no especifica de qué manera. 

"Desde la sociedad civil, animamos al Gobierno y al Ministerio a seguir el ejemplo de otros Estados miembros y mantenerse en la defensa de la salud de las personas y el medio ambiente ante este dictamen teñido claramente de presiones empresariales. Cualquier otro escenario sería derrumbar las intenciones de España para afrontar el grave problema de la contaminación por plásticos e ir en contra de las propias directivas europeas de residuos", han valorado representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, Retorna, Rezero y Surfrider. 

Por otro lado, estas mismas entidades sostienen que recortar la ambición de los Estados miembros en la aplicación de las directivas “es un argumento muy peligroso que debilita y perjudica el propio espíritu de las directivas. Cada Estado en función de sus necesidades debe definir su ambición con los objetivos de las directivas, y España tiene un claro problema con los residuos de plástico que debe solucionar”.

A partir de ahora, y de acuerdo a las modificaciones propuestas, el período de espera para que España incorpore las modificaciones pertinentes o no, se retrasa al próximo 7 de noviembre.